Al exhortar a todos los trabajadores de México para unirse y promover amparos contra la reforma laboral, organizaciones civiles -entre las que destacan: la Unión Nacional de Trabajadores, Asociación Nacional de Abogados Demócratas, Sindicato Mexicano de Electricistas, Confederación Regional Obrera Mexicana, Congreso Nacional de Bases, entre otros- dieron a conocer los en nueceros las condiciones del desempleo en el país.
Ahí señalaron que los más afectados son las y los jóvenes. De los 36.6 millones de mexicanos jóvenes, 19.5 por ciento no estudia ni trabaja y 5.1 millones vive en pobreza extrema.
Sólo uno de cada tres jóvenes que ha buscado empleo lo consigue en el sector formal; de los empleados casi la mitad trabaja en condiciones precarias, sin prestación alguna. Del total de desempleados, 57 por ciento son jóvenes.
En ese sentido, aseguraron que son los jóvenes mexicanos los que resultan más afectados con la reforma laboral. Esto por los contratos de capacitación y a prueba, el pago por hora y la multifuncionalidad, “se les condena a una vida sin certeza en el empleo, a saltar de “chambita en chambita”, con sueldos de miseria, sin acceso a la salud y sin prestaciones que les den certeza a futuro”, expresaron.
Asimismo, detallaron la realidad que enfrenta la clase trabajadora mexicana, al opinar que se refleja en un aumento en el desempleo, que rebasa ya —de acuerdo con estudios académicos de la UNAM— la tasa de 15 por ciento, casi el triple de lo que indican las cifras oficiales. En la informalidad, dice la propaganda gubernamental, se encuentran 14.1 millones de personas, pero si se considera a aquellos que no tienen acceso a instituciones de salud o a las prestaciones mínimas de ley, el número asciende a 31.1 millones.
Aún si se toman en cuenta las cifras oficiales, existe un rezago acumulado de más de 4.6 millones de puestos de trabajo. Cada año se requieren 1.1 millones y apenas se crearon en promedio 335 mil plazas formales cada año, de las cuales una gran proporción son empleos tercerizados o precarios (como ejemplo: sólo 34.9 por ciento de los ocupados tiene acceso a servicios de salud), agregaron.
Añadieron que el salario remunerativo es otra de las grandes deudas —según los organizadores de la campaña—, ya que en la administración federal pasada el desplome del poder adquisitivo de los salarios superó 25 por ciento. El precio del kilogramo de tortilla se elevó 70.5 por ciento; el de huevo blanco más del 120 por ciento; arroz, 47.8 por ciento; frijol bayo, 127.3 por ciento, y el litro de aceite vegetal, 83 por ciento. En 2006 con un salario mínimo se podían comprar siete kilos de tortilla, hoy alcanza para cinco. En relación con el huevo, 14 por ciento de la población ha dejado de comprarlo por su alto costo y 64 por ciento redujo su consumo.
